Como si ocurre cuando quienes se manifiestan y protestan en las calles de Colombia son jóvenes estudiantes, no existen desde los grandes medios titulares, recriminaciones y estigmatización alguna a quienes desde un mal llamado paro armado prohíben la libre movilidad y actividad comercial y laboral de ciudadanos en varias ciudades del país.
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Una desprestigiada revista de la extrema derecha colombiana, cuya evidente falta de neutralidad y objetividad profesional la ha llevado abierta y desvergonzadamente a convertirse en instrumento de propaganda del establecimiento corrupto, ha decidido, en expresión de su máximo nivel de degradación, prestar su tapa o portada para servir de caja de resonancia a quienes frente a la inminente pérdida de las elecciones presidenciales apuestan a la idea de infundir miedo a la población civil con un golpe militar cuyo único fin percibible sería salvaguardar privilegios y encubrir delitos graves de quienes han detentado el poder en las últimas dos décadas.
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Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, no es un mal perdedor. Es simplemente pasado que se niega a aceptar el presente y futuro de un país que se hastió y repudia ya en las urnas su forma de actuar y resolver todo a la fuerza y con la utilización de la violencia, muy al estilo de su tristemente célebre coterráneo, Pablo Escobar Gaviria.
Por eso desde su voracidad e imposibilidad de desapego al poder se atreve hoy, ad portas de perderlo en las urnas, a proponer abiertamente el desconocimiento de los resultados de las elecciones, es decir, a promover un golpe de estado que significaría algo así como incendiar al país antes que dejarlo en manos distintas a las suyas.
Frente a lo anterior surge una inevitable pregunta: ¿La administración Biden comparte y sabe algo sobre la fractura institucional y democrática y el golpe de estado que, muy al estilo del desconocimiento de los resultados electorales en Estados Unidos hizo Donald Trump y que hoy, como fórmula, están proponiendo para Colombia personajes que a favor del candidato republicano se atrevieron hasta a interferir en las pasadas elecciones presidenciales norteamericanas como lo hicieron Álvaro Uribe Vélez y sus correligionarios del Centro Democrático?
Más allá de la amistad personal y de la afinidad política e ideológica entre el uribista embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, y el asesor del gobierno Biden para el hemisferio occidental (Latinoamérica) en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el funcionario de origen colombiano, Juan Sebastián González, la administración demócrata no debería ser indiferente a lo que ocurre en Colombia e ignorarlo sino pronunciarse en defensa de las libertades y la democracia.
En la embajada de Estados Unidos en Bogotá deben estar perfectamente al tanto y notificados de lo que en Colombia está pasando y de lo que se pretende hacer.
Un gobierno altamente cuestionado en materia de derechos humanos y de corrupción, perteneciente a un sector político que detenta el poder desde 2002 y controla a través de sus copartidarios y amigos las Fuerzas Armadas y de Policía, las mayorías en el Congreso, la Fiscalía General de La Nación, La Procuraduría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y hasta la Registraduría Nacional del Estado Civil, pretende ahora, con el beneplácito y complicidad de los grandes medios de comunicación volver trizas, ya no el proceso de paz, sino lo que queda de democracia en Colombia.
Y es que aunque parezca inverosímil el jefe del Jefe de Estado en Colombia, desde la más absoluta pérdida de vergüenza y de toda forma de decencia, se atreve a develar ya abiertamente su naturaleza absolutamente antidemocrática y su carácter tiránico a través de la red social twitter afirmando en una invitación a las vías de hecho, que «no se puede aceptar este resultado» (el electoral) e invitando a que «las autoridades del Estado» que no son como ya se dijo más que aquellas cooptadas por el fanatismo ideológico de su partido procedan a «leer… las inconsistencias de los conteos de votos» y a actuar.
Desde la misma lógica absurda y fracasada de invitar a la ciudadanía a votar por el uribismo para salvarnos del actual gobierno uribista que el expresidente hizo elegir bajo eslogans como «el que Diga Uribe» y «Duque es el que es», hoy es absurdo que con todo el poder del estado bajo su control se pretenda vender la idea de que pudo haber ocurrido un fraude perpetrado por una oposición que ya había sido víctima de un fraude y de una injerencia en contra de un narcotraficante en las elecciones de 2018.
En su relato desquiciado y delirante Uribe pretende hoy hacernos creer que su Registrador actuó contra toda lógica contra quienes lo eligieron y pusieron en su cargo, no precisamente para brindar garantías de imparcialidad y transparencia a la oposición. Si «estas elecciones dejan toda la desconfianza» no se deberá precisamente a quienes aspiran apenas a ser gobierno y aún no lo son.
Si hay «E-14 llenos de tachones, enmendaduras, (y) firmas que no coinciden» la explicación no puede estar en quienes no hacen selección de los jurados, sino en quienes desataron toda una campaña de rastrera estigmatización contra quienes históricamente actuaban como jurados, es decir, contra los maestros, para luego reemplazarlos por personas afines al Centro Democrático, que como ha quedado evidenciado en redes sociales, no se caracterizan precísamente por su educación, altos niveles de escolaridad y ortografía. Curiosamente en épocas en que los maestros, apartados de la función de jurados, actuaban no había problemas y la «izquierda» no ganaba.
Pero el colmo del descaro de Uribe es tachar a millones de ciudadanos en las grandes ciudades como parte del narcotráfico por no votar por su partido e intentar asociar «la abrumadora votación del petrismo» con «narcotráfico», quien lo creyera, bajo el gobierno que se benefició de la acción del narcotraficante «Ñeñe» Hernández y que se dio el lujo hasta de tener intocables embajadores propietarios de narcofincas en las inmediaciones de Bogotá, para despachar cocaína hacia el exterior desde el mismísimo Aeropuerto Internacional El Dorado, sin que las autoridades vieran o se enteraran de nada durante el actual gobierno.
Desde toda esta perspectiva, Estados Unidos no puede darse el lujo, está vez, de guardar silencio frente a esta especie de aliado que recuerda y supera con creces al expresidente panameño Manuel Antonio Noriega. Parlamentarios como Bernie Sanders y Alexandra Ocasio Cortéz deberían tomar nota y advertirle al presidente Biden que Estados Unidos no puede permitirse que en Colombia, de facto, siga gobernando un partido político que contaminó a todas las instituciones y desfigura las idea de democraci
De nuevo las órdenes genocidas fueron acatadas al pie de la letra. Twitter le creyó a Uribe Vélez que había sido un error inintencionado el estigmatizar y colocar bajo la mira al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) al «confundir» su bandera roja y verde, en un automóvil, con la rojinegra del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Eran las 9:26 AM del 5 de mayo de 2021 cuando desde su cuenta que twitter Uribe lanzó una directriz velada a policías, militares y «civiles» armados (paramilitares) para que estos entendieran que los indígenas habían sido marcados como blanco legítimo u objetivo militar estratégico en función de quebrar la moral de los ciudadanos de Cali que no residen ni cuentan con los privilegios de la élite racista, violenta y excluyente del Sur
Y aunque, quizás advertido o conocedor de lo que sobrevendría en Cali, en términos de violencia para los indígenas integrantes de la Minga, Uribe intentó mostrar su trino como una equivocación que, exculpándose, atribuyó según sus propias palabras a «algunos de mis ayudantes», todo su odio ya había sido dirigido y el daño era irreversible como lo constataron los ataques a bala de los que fueron objeto los pueblos originarios del Cauca en los días subsiguientes.
Poco antes, esta especie de personaje siniestro trazador de la violencia y de la muerte había ya direccionado otros lineamientos violentos a través de Twitter que se cumplieron al pie de la letra, como cuando por ejemplo el 30 de abril a las 8:51 AM instigó a policías y soldados a «utilizar sus armas» de lo que a la ligera catalogó como «acción criminal del terrorismo vandálico». La respuesta obediente a esta especie de licencia para matar no se hizo esperar y aún hoy no se detiene.
La incitación a la respuesta violenta que hoy desde todo el mundo y desde organizaciones de Derechos Humanos se cuestiona y condena se reiteró cuando de nuevo bajo la complicidad de Twitter el 3 de mayo a las 11:06 AM Uribe equiparó la legítima protesta social con lo que él denominó «terrorismo más grande de lo imaginado» y orientó que había que «Resistir Revolución Molecular Disipada», lo que equivale a una criminalizando de la protesta y a un llamado a combatir piedras con los fusiles de unas Fuerzas Armadas a las que llamó a «fortalecer» para no «anular su accionar legítimo».
No contento con azuzar a policías y militares y buscando escalar el conflicto y enfrentar a civiles protestantes contra «civiles» armados, el mismo 3 de mayo pero a las 8:11 de la noche Uribe volvió a trinar «advirtiendo», antes de que efectivamente ocurriera, que entre residentes del exclusivo sector de Ciudad Jardín podrían presentarse una reorganización paramilitar, cuando habló de «Reacciones armadas… por hechos vandálicos y por bloqueos de movilizaciones… que puede generalizar la acción privada… que Colombia había superado con el desmonte paramilitar»
En ese mismo día (3 de mayo), pero un poco más tarde (9:12 PM) el expresidiario Uribe volvió a insistir en el tema de los «civiles armados», señalando que la «criminalidad no puede derrotar a nuestras instituciones ni destruir a nuestro sector privado» y arengando a la «cooperación… efectiva de ciudadanía sin armas con las Fuerzas Armadas institucionales.»
Casi que de manera automática, o más bien concertada, la comunidad del barrio al que aludió Uribe hizo una manifestación resguardada por la policía en inmediaciones de la Universidad del Valle, donde amenazaron con quemar el claustro de formación superior (1); una de las damas de la alta sociedad agredió a una estudiante que la filmaba con un palo de Golf sin que la policía interviniera ni la capturara (2) y dónde un presunto edil del Centro Democrático de nombre Carlos Andrés Betancourt amenazó con 25 mil armas, amenaza que se ha concretado en las últimas horas con disparos efectuados por civiles desde carros de alta gama contra los integrantes de la Minga demostrando que los ricos también matan.
A pesar de la presionada disculpa que Uribe debió ofrecer al CRIC, en la noche de ese mismo 5 de mayo (9:32 PM) volvió a demandar «autoridad contra los violentos» (realmente autoritarismo) llamando a no confundir «protesta social legítima con vándalo-terrorismo», lo que volvió a dejar en evidencia su intencionalidad macabra de colocar una lápida sobre los manifestantes, habida cuenta las características radicales, fanáticas y violentas de quienes se identifican con la opción política guerrerista y violenta del Centro Democrático.
Pero como a si toda su narrativa violenta e incendiaria no le hubiesen bastado los ataques contra los indígenas perpetrados en la noche del sábado y antes le hubiese disgustado la respuesta pacífica y efectiva de la Guardia capturando a los responsables, Uribe este domingo 9 de mayo volvió a la carga con mayores niveles de beligerancia e intolerancia cuando a las 6:42 AM y tras episodios donde en video se ve a civiles atacando a los indígenas a bala con la complicidad y protección de policías, justificó la violencia paramilitar trinando sobre el «derecho de los colombianos a vivir sin bloqueos y sin violencia» como «no… negociable» y solo conquistable con mayores dosis de «AUTORIDAD» administrada a través de las balas.
Y como para despejar dudas de que sus trinos se refieren o van dirigidos específicamente contra integrantes de la comunidad indígena del Cauca, el mismo 9 de mayo sobre las 11:07 AM Uribe trinó que «cualquier persona puede ir a Cali; pero es inadmisible que lleguen a promover violencia, saqueos y bloqueos que afectan la salud, a los ciudadanos y a sus bienes…» en clara alusión e invitación a expulsar por cualquier miedo o miedo, vivos o muertos, a los indígenas caucanos.
Dentro de su apología a la violencia ejercida contra población especialmente protegida y como justificante para la misma, a las 3:05 de nuevo volvió a arremeter colocando a los victimarios de armas automáticas como víctimas, sin serlo, al mentir y señalar que “ciudadanos (que) se oponen a bloqueos, son golpeados y atacados con armas cortopunzantes y de fuego por violentos», y solicitando a los hombres armados bajo su mando que «desmonten bloqueos…».
La prueba reina del malintencionado y criminal ensañamiento de Uribe Vélez y de sus hombres contra las comunidades indígenas está dado, además por dos videos compartidos este domingo desde su trinchera de Twitter, uno de los cuales, el de las 5:13 PM, señala a los indígenas de «bandoleros que han llegado a reforzar el vandalismo interno» y sobre los que demanda ejercer, una vez más «autoridad» (autoritarismo).
Dos horas después (7:15 PM) Uribe, único responsable de los ataques y muertes que se produzcan entre los indígenas a manos de policías, ejército y sus civiles ricos armados (paramilitares), quienes expresan a la perfección sus tesis aporofóbicas y de odio de la clase pudiente hacia los parias de la sociedad, volvió a trinar para infundir o inocular más odio hacia quienes despectiva y racistamente tildó de «hordas de terroristas que han invadido la ciudad (Cali)»
Una recopilación de videos muestra las acciones armadas de la élite caleña, indetectable como los paramilitares, para unas autoridades a las que no les interesa individualizarlos y ponerlos a disposición de la justicia
A la protesta social se le ha dado tratamiento de guerra por parte del paraestablecimiento y en toda guerra la primera víctima siempre es la verdad. Por eso el general Zapateiro en el discurso a sus tropas en una cancha en Cali, sin pudor alguno señalaba, que a pesar de estar el aeropuerto Bonilla Aragón cerrado para vuelos comerciales, iba a poner un avión para llevar a su desigual y cobarde «campo de operaciones» a periodistas de RCN y CARACOL y que estos “transmitieran”, pero a su acomodo, su «heroica» gesta.
Psiquiátricamente resulta un tanto complejo caracterizar a Uribe. Por momentos pareciera padecer una especie de disociación psicótica que lo hace perder contacto con la realidad y en otros momentos adopta comportamientos propios de una suerte de paranoia, en las que son prevalentes ideas absurdas y obsesivas y temores infundados y sin sustento en el mundo real.
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No basta con después de varios muertos y graves violaciones a los derechos humanos de ciudadanos, que en todo el país protestaban, anunciar el retiro de la reforma tributaria y creer que todo vuelve al estado anterior a las protestas y que el simple anuncio es un borrón y cuenta nueva. Lo decidido para nada exculpa a Duque y a sus cómplices. De hecho, el anuncio de Duque no es ni siquiera sorpresivo pues ya desde las 12 y 49 del 2 de mayo Uribe Vélez desde su Twitter ya había derogado la reforma.
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Si Alberto Carrasquilla Barrera hace parte del gobierno de Iván Duque es a instancias y casi hasta podría decirse que por imposición de Álvaro Uribe Vélez. Es un hombre de su entera confianza. Lo nombró en 2002 como viceministro de Hacienda y desde el 9 de junio de 2003 lo llevó al cargo de Ministro de esa misma cartera, dónde se desempeñó hasta el 2007. Seguir leyendo Desnudando a Uribe y sus cómplices políticos en la miserable reforma tributaria
Solo fichas desechables o sacrificables. Así se concibe la vida de los docentes desde el ministerio de educación, desde sus leales alfiles en las secretarías de educación y desde sectores de algunas organizaciones sindicales, que aunque de palabras critican, de boca le hacen el juego y el favor de la legitimación al establecimiento.
El 21 de diciembre de 2020, Fernando Ruíz Gómez, ministro de salud, anunció a través de la propia página de esa cartera que en febrero llegarían al país 1,7 millones de vacunas de la multinacional Pfizer contra el COVID-19 a uno de los últimos países latinoamericanos en iniciar proceso de vacunación de su población. (Leer dando clic aquí)
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